La prevaricación económica en el arbitraje

El arbitraje ha pasado de ser la gran esperanza para descongestionar la jurisdicción civil a una de las mayores decepciones de los últimos años. La percepción de que la implantación que se ha hecho en nuestro país huele a chamusquina se ve acrecentada con prácticas como obstaculizar los procesos para aumentar artificialmente las cuantías y, en consecuencia, subir los costes y honorarios para beneficio de las Cortes Arbitrales.

Te cuento un caso real: la empresa X alquila un local para desarrollar una actividad de cara al público y, cuando trata de obtener la licencia de apertura, se encuentra con que no se la conceden debido a la calificación industrial del edificio. Intenta una actividad alternativa, pero al final decide cancelar el contrato y ofrece al arrendador devolverle las llaves y pactar una liquidación del alquiler, pero los dueños no responden y presentan una demanda arbitral de desahucio.

Hasta este punto, y sin meternos en quién tiene o no razón, tenemos la típica controversia de arrendamientos urbanos: tu dices, yo digo, yo creía, que me pagues, que me voy, que no estoy de acuerdo, que te demando, pues al juzgado (la corte en este caso). Lo interesante viene a continuación: la corte admite la demanda y emplaza a la empresa a que pague las costas de admisión, en proporción a la cuantía del procedimiento y según los meses no abonados. Pero (atento), la corte de arbitraje se niega a admitir el depósito de llaves con la contestación a la demanda, de forma que la cuantía del procedimiento va aumentando, porque los propietarios dicen que no han recuperado el local, los meses van pasando y que se acumulan a la deuda. Al final la demanda casi se duplicó por ese impedimento a la resolución anticipada del conflicto. ¿Se te ocurre que un juzgado de lo civil no admitiera la consignación de llaves a un inquilino que intentase allanarse a la demanda? ¿Impensable, verdad?

Pues en el caso de las cortes arbitrales no sólo puede ocurrir, sino que ocurre. En este caso la letrada se enrocó en que ellos no cogían las llaves a nadie, sin dar más explicaciones. Y a los pocos meses esta decisión tiene como resultado, «misteriosamente», que la corte mejoraba su beneficio económico al exigir un aumento de las tasas por el aumento de la cuantía de la demanda. Nos encontramos así que a las cortes arbitrales les interesa que los pleitos sean lo más costosos posible, y si no lo son ya se pueden encargar ellas de que lo sean como en este caso, porque los honorarios de los árbitros y sus tasas se calculan en proporción de dicha cuantía.

Usando, por ejemplo, la calculadora de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, vemos que si reclamas dos mensualidades de (digamos) 600 €, las tasas de admisión son 533’85 € para el demandante y 110’35 € para el demandado. Pero si «por alguna razón» el procedimiento se prolonga y cuando se consigue el laudo han pasado 6 meses, habríamos llegado a un pleito de casi 5.000 € con unas tasas de 864’91 € para el primero y 441’41 para el segundo. Un incremento de 662’12 €, que no tienen otra finalidad que mejorar el beneficio económico para la Corte y el árbitro, ya que ni se prestan más servicios ni se mejora la calidad del arbitraje. En vez de un pequeño alquiler de 600 €, añade un cero y piensa en que el local es un poco más grande, y verás que el beneficio de forzar ese retraso supondría para la corte una ganancia de más de 5.000 €.

Puedes seguir pensando que tampoco es tan raro, ya que en el procedimiento civil las costas dependen de la cuantía de la demanda. Pero la diferencia es abismal, ya que los juzgados no son empresas que obtengan un beneficio económico de los pleitos, mientras que las cortes arbitrales, como la de la Cámara de Comercio de Madrid, sí. Por mucho que se quieran decorar las salas como juzgados en miniatura, con costosas paredes de madera, ni las cámaras son juzgados ni los árbitros son funcionarios, sino empresas con un interés económico y trabajadores autónomos a comisión.

Existe, por tanto, un claro conflicto de intereses en las decisiones de una corte que, si entorpece la resolución del conflicto como en este caso, obtiene un beneficio económico. Por atractivo que sea el arbitraje como una opción para agilizar algunos procesos, no es posible que una gestión tan simple como una consignación de llaves se convierta en un obstáculo, que tenga como finalidad aumentar las tasas.

La trampa es que, al no ser realmente una instancia judicial, no son susceptibles de inspección o responsabilidad por prevaricación, ya que este delito es exclusivo de los funcionarios. Si un funcionario tomase una decisión semejante, denegar un depósito de llaves con la circunstancia de que esa negativa le supusiera un beneficio económico, estaríamos ante un posible caso de prevaricación y cohecho. Pero en el caso de las cortes arbitrales, la víctima se enfrenta a un costoso y complejo procedimiento civil, que no tendrá ninguna consecuencia real ni para la corte ni para el árbitro, aunque gane. No olvidemos que la saturación de la jurisdicción penal hace que los juzgados rechacen sistemáticamente casi todos los casos de estafa, incluso en casos tremendamente descarados, remitiéndolos a la vía civil. Pero ya hablaremos otro día de este asunto.

Así llegamos al dilema: ¿se puede privatizar la justicia? El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar los datos del tercer trimestre del año pasado, que recoge un incremento del 2’5% de los pleitos en general, llegando a un 14’2% en materias como el derecho civil. Se estima que hay más de dos millones de pleitos pendientes. DOS MILLONES. Ni la nefasta implantación del expediente electrónico ni otras medidas han contribuido a reducir los plazos de resolución de conflictos, y el arbitraje parece ser una alternativa, gracias a la ley de jurisdicción voluntaria, que nos abre una vía de escape en algunos asuntos.

Pero esta vía no es posible si la gente debe elegir entre una justicia plena pero lenta en los juzgados o un chiringuito amañado en las cortes arbitrales, en las que los pleitos se alargan para su beneficio. Este modelo mercantil en el que la disputa es un negocio, y cuánto más compleja mejor para la corte arbitral, no pinta nada bien para dar confianza a las empresas y que recurran a esta vía. Además, va en contra del principio de seguridad jurídica, ya que entras en el pleito sin saber realmente cuánto te puede costar y con la amenaza de que, si dejas de pagar a la corte los incrementos de cuantía que te vaya presentando, puedes encontrarte con un laudo en contra y en situación de indefensión.

¿Cuál puede ser la solución? De momento, y de acuerdo a mi experiencia, que te iré contando con otros casos y situaciones, lo mejor es ir a los juzgados de lo civil y huir como de la peste de estos sitios. Una lástima, pero es así.

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